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La legislación educativa anterior a la LOE ha ido sentando las bases de nuestro sistema público de educación. Las sucesivas leyes se han ido caracterizando por una apertura a las necesidades y los cambios sociales. Pero todavía resulta necesaria una base didáctica que aporte más solidez a las nuevas medidas, que reduzca la influencia de las fluctuaciones políticas. Éstas, con excesiva frecuencia, acusan cambios terminológicos huecos, poco fundamentados desde la ciencia señalada, y son exponente de pugnas políticas y falta de consenso.

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Garantizar una educación de calidad para todos, contar con el esfuerzo compartido de toda la comunidad y cumplir los objetivos marcados en la Unión Europea son los principios básicos de la Ley, que dan origen a un nuevo enfoque de los fines de la educación. ¿Qué cambios pueden suponer en el día a día de las clases?

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La nueva Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación ha supuesto, en relación con la LOCE, recuperar cotas importantes de libertad, equidad, democracia y desarrollo integral en el sistema educativo. Sin embargo, si la comparamos con los niveles LOGSE, en concreto respecto de la educación infantil, representa un retroceso y, sobre todo, la pérdida de una gran oportunidad para consolidarla.

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De un tiempo a esta parte, en nuestro país, las leyes se van sucediendo en cadena y en tiempos arrítmicos y parece que se atisban pocos cambios.

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Sin entrar en análisis de política cotidiana y antes de explicar la posición que el título del artículo denota, quisiera señalar dos elementos que, en mi opinión, son pertinentes para contextualizar y explicar el momento educativo que esta ley refleja.

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La Ley Orgánica de Educación sigue mostrando una formación profesional con más debilidades que fortalezas.

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A pesar de que la Ley Orgánica de Educación representa un gran avance hacia un modelo de escuela inclusivo, siguen sin estar resueltas las concreciones que va a tener este modelo en los centros.

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La nueva LOE presenta progresos, pero también paradas en torno a algunos aspectos en los que era necesario avanzar.

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Nada o poco, y esto de forma general, se expresa en la LOE acerca de la formación inicial y permanente del profesorado, no obstante, si lo observamos de forma positiva, esto nos puede permitir un despliegue más abierto y ajustado.

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La evaluación del sistema educativo, tal como señala Delors en su conocido informe (1996), forma parte de la necesidad de la sociedad de establecer dispositivos objetivos y públicos para que los ciudadanos estén en condiciones de comprender la situación del sistema educativo y su impacto sobre la propia sociedad.

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Muchos de nosotros hemos experimentado en nuestros inicios, como docentes, la sensación de lanzarnos al vacío los primeros días, o meses, de clase. Nos ha invadido la inseguridad al comprobar que muchas de nuestras expectativas e ideas sobre educación, forjadas durante años, se iban al traste por el hecho de no habernos ajustado a la realidad o por no conocer suficientemente nuestras capacidades y nuestras limitaciones.

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Vivimos en sociedades complejas, plurales y cambiantes y en ellas tenemos que educar. Las intervenciones educativas han de partir de un diagnóstico previo de la realidad si pretendemos responder a las auténticas necesidades y demandas de los ciudadanos. A veces los fracasos, las desilusiones, el malestar nos sobreviene cuando queremos que sea la realidad la que se acomode a nuestra manera de pensar. Ésta es la primera idea sobre la que me gustaría que pensáramos, en cómo es la sociedad en la que todos adquirimos aprendizajes.

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